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LOS PARTIDOS POLÍTICOS DEBEN CONTAR CON UNA UNIDAD DE ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES POR RAZÓN DE GÉNERO

ES UNA ACCIÓN INDISPENSABLE PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN CONDICIONES DE LIBERTAD, SEGURIDAD E IGUALDAD: DIP. DULCELINA SÁNCHEZ DE LIRA

La diputada Dulcelina Sánchez de Lira, propuso una iniciativa de adición a la Ley Electoral del Estado, con el fin de que los partidos políticos integren en su estructura una Unidad de Atención, Prevención y Erradicación de la Violencia Política contra las Mujeres por Razón de Género.

Señala en su exposición de motivos, que ésta es una acción indispensable para garantizar la participación política de las mujeres en condiciones de libertad, seguridad e igualdad, al promover desde éste espacio el respeto, combatir la violencia y favorecer la inclusión plena de las mujeres en la vida política.

“Solo mediante un compromiso firme con la igualdad de género y la erradicación de la violencia será posible avanzar hacia un sistema político más justo, inclusivo y democrático para todas las personas”.

La iniciativa busca que dicha Unidad, tenga las atribuciones para desarrollar protocolos internos para la atención, prevención y erradicación de la violencia política por razón de género; recibir y tramitar las denuncias presentadas por actos que constituyan violencia política por razón de género; y, capacitar continuamente a precandidatos, candidatos, militantes, simpatizantes y cualquier persona que desempeñe un cargo o función dentro del partido, proporcionando formación continua sobre derechos humanos, equidad de género, y la violencia política contra las mujeres, así como herramientas para prevenir, identificar y denunciar cualquier tipo de violencia.

La legisladora Sánchez de Lira indica en su exposición de motivos, que la violencia política contra las mujeres por razón de género, constituye una de las expresiones más graves de discriminación que enfrentan en el ámbito público.

Esta violencia se manifiesta a través de agresiones físicas y verbales, acoso, amenazas, difamación y exclusión, con el objetivo de invisibilizar y obstaculizar la participación de las mujeres en los procesos políticos.

Sus efectos no solo vulneran el bienestar y la integridad de quienes la padecen, sino que también restringen el ejercicio pleno de sus derechos político-electorales, perpetuando la desigualdad y la discriminación en los espacios de toma de decisiones.

La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión de Régimen Interno y Asuntos Electorales; con opinión de la Comisión de Igualdad de Género.

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